Alejandro Perez |
de gobierno de nuestra ciudad. Hace más de un año que denunciamos la presunta estafa urbanística que en 2003 se cometió entre la corporación del ayuntamiento de Torrelavega y Luis del Rio y advertimos de una posible sentencia que finalmente se ha hecho realidad. Una sentencia confusa, pero que si algo deja claro, son los chanchullos que en todo aquel proceso se produjeron. Ahora ya sabemos, de boca de un juez, que la fórmula jurídica usada para la compraventa fue la permuta en lugar del convenio urbanístico que, además de no ser la figura legal que se debería haberse aplicado, tenía como objetivo evitar las posibles preguntas y explicaciones. A día de hoy ya no es una acusación sin fundamento, ahora ya sabemos que todos los torrelaveguenses debemos una gran cantidad de dinero a un promotor particular, sin saber exactamente cuánto ni en qué condiciones, pues aún seguimos sin conocer una valoración seria y responsable del equipo de gobierno. No nos extraña, pues nosotros mismos sufrimos un portazo en la cara cuando exigimos la creación de una Comisión Especial de Investigación. Por parte del PRC, la espantada fue la respuesta, rehuyendo incluso de dar explicaciones sobre el porqué de su negativa, y conocimos de primera mano la complicidad de un PSOE, que parece que también algo oculta. Además de las responsabilidades judiciales, y su posible prescripción, detrás de ésta sentencia que dañará gravemente las arcas municipales, hubo responsabilidades políticas que parece que ninguno de los grupos políticos importa. Desde ACPT, seguimos exigiendo contundentemente la investigación y el esclarecimiento de las responsabilidades que ahora nos tienen sumidos en esta difícil situación, por lo que emplazamos a los 23 concejales restantes de la corporación a apoyar con su firma, y de acuerdo al Reglamento de Funcionamiento del Ayuntamiento de Torrelavega, la solicitud para la creación inmediata de una Comisión Especial de Investigación sobre el caso conocido como “Finca de la Carmencita”. Desde ACPT anunciamos que, además, continuaremos con nuestras reclamaciones en vía judicial apelando hasta la última instancia que se nos permita o hasta donde nuestros recursos alcancen, tratando en la medida de lo posible de proteger los intereses de Torrelavega ante la pasividad de aquellos que nos gobiernan.
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