El consejero de Economía mintió ayer en el pleno parlamentario al desmentir en la tribuna que se haya iniciado proceso alguno para la venta de las instalaciones

La diputada del Partido Popular, Isabel Urrutia, ha hecho pública la documentación que demuestra que el Gobierno de Cantabria inició a finales de 2017 el proceso de venta de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas. Dicho extremo, denunciado ayer sobre la tribuna por l

a propia Urrutia, fue desmentido por el consejero de Economía ante la negativa de la titular de Sanidad a dar explicaciones en la tribuna sobre la citada venta de patrimonio público adscrito a la Consejería de Sanidad.

“En primer lugar quisiera poner encima de la mesa, la falta de valentía de la consejera de Sanidad, el hermetismo, el oscurantismo y la falta de transparencia una vez más. Otra vez, se esconde, otra vez no da explicaciones, y otra vez utiliza todas las artiñamas posibles para que los temas le resbalen y la toquen cuanto menos mejor”, ha lamentado la diputada del PP.

Una actitud que para Urrutia en parte tiene que ver con que a Real “le ha sentado mal, muy mal que se haya hecho pública la venta de Parayas, porque la han pillado en otra. Su cabreo ha sido monumental porque ella quería que la decisión fuera un secreto y no le salpicara”. Al silencio de la consejera también hay que añadir lo que Urrutia ha calificado de “huida hacia delante del consejero de Economía, que mintió, porque lo único que es cierto en todo lo que hemos debatido sobre Parayas es que la venta es una certeza, es un hecho y es algo que el Gobierno de Miguel ángel Revilla ha iniciado”.

Un proceso de venta que según revela la información hecha pública por la diputada del PP, se inició como mínimo en octubre de 2017, que es cuando se expide el certificado que establece que la finca donde se encuentra el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas es de titularidad pública. Según ha explicado Urrutia se trata de un trámite necesario para iniciar un proceso de venta, “nadie que no quiera vender solicita la certificación de titularidad, de propiedad, de adscripción y menos una valoración y certificación de situación.

Esta documentación que se une a otras evidencias como que después de cerrar Parayas se cerró también el Centro de Atención diurna para personas en situación de dependencia, a pesar de que el Gobierno dijo que no lo haría. Además durante estos dos años se ha permitido el saqueo de las instalaciones de Parayas sin que se haya puesto ninguna medida de seguridad para evitar robos, “han permitido que se lleven hasta las cocinas”.

Por otro lado, y tal y como desveló ayer el propio consejero de Economía, se ha segregado el espacio que ocupa el centro de menores, dependiente del ICASS, “un requisito indispensable, para poder vender ya que no iban a vender la parcela con el centro de privación de libertad de menores dentro”.

En definitiva, y tal y como ha remarcado Urrutia, alguien que vaya a invertir en el centro para convertirlo en una dotación Sociosanitaria de Titularidad Pública, no hace una certificación de una propiedad, si es suya y se la va a quedar. “Quien tiene pensamiento de destinar un edificio de su propiedad a una dotación sociosanitaria para que se siga manteniendo en el sistema público sanitario lo que hace es un plan de rehabilitación e inversión de futuro para tener las mejores instalaciones”.

“Han estado dos años con un edifico abandonado, con instalaciones vacías, sin invertir nada, ni tan siquiera seguridad, y en vez de trabajar en estos dos años en un plan de rehabilitación e inversión de futuro han estado trabajando en diseñar un plan para deshacerse de lo público, un plan para vender Parayas”. La postura del PP, según ha señalado Urrutia, es clara “no perder Parayas como dotación sociosanitaria del sistema público de salud, y no perder la titularidad pública de la finca que alberga el centro”.