El diputado regional exige rebajar
donaciones y sucesiones, transacciones de bienes inmuebles, patrimonio y el
IRPF
El diputado regional, Juan Ramón Carrancio,
insiste en la bajada de impuestos como condición indispensable para sentarse a
negociar los presupuestos regionales de 2019 con el Ejecutivo Autonómico del
PRC y PSOE.
Carrancio recordó que ya a principios del mes
de septiembre de este año puso como condición prioritaria su intención de que
se rebajen los impuestos para intentar apoyar la aprobación del documento
económico.
El diputado del Grupo Mixto ya ha presentado
sus propuestas, en esta materia, al Gobierno regional, de tal forma que
Carrancio exige reducir el pago del impuesto de donaciones y sucesiones para
todos los afectados y bajar hasta el 8 por ciento el de transacciones de bienes
inmuebles, tanto viviendas como locales, de segunda mano hasta 300.000 euros. El
diputado regional señaló que el año pasado consiguió que las personas que ganan
menos de 30.000 euros anuales no sufrieran el aumento de este impuesto al 10
por ciento.
“Este año se trata de conseguir de que el
impuesto baje para todo el mundo”, subrayó.
Igualmente, Carrancio pide a regionalistas y
socialistas que rebajen los tramos autonómicos más bajos del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas y que el impuesto de Patrimonio vuelva a los
tipos máximos aconsejados por el Estado, ya que en la actualidad Cantabria está
por encima de la máxima estatal.
En opinión de Carrancio esta situación está
provocando que las personas con más poder adquisitivo en Cantabria se trasladen
a vivir a otras Comunidades Autónomas “con lo que ni se recauda este impuesto y
se pierde el ingreso del IRPF de estas familias y otros intangibles
difícilmente cuantificables”.
El diputado del Grupo Mixto avanzó que
solicitará incluir en la Ley de Acompañamiento la reforma de la Ley de Caza que
permita indemnizar a los ganaderos por los ataques de los lobos a sus reses que
a día de hoy no se les está pagando.
Para finalizar, Carrancio adelantó que
también dará mucha importancia a la puesta en marcha de medidas de carácter
social, más teniendo en cuenta la inminente aprobación de la Ley cántabra que
garantizará los derechos de las personas con discapacidad.
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