Uno de
los puntos que ha generado mayor debate ha sido el del número mínimo de firmas
necesario, que el Partido Popular plantea que sea un 0,75% del censo
La
portavoz de Presidencia y Justicia del grupo parlamentario popular, Isabel
Urrutia, ha defendido las 15 enmiendas que el PP ha planteado para llevar a
cabo la reforma de la legislación que regula la Iniciativa Legislativa Popular
en Cantabria. En concreto han sido 11 enmiendas de modificación y 4 de adición,
destacando la referente a la del número mínimo de firmas necesarias para poder
iniciar la tramitación de este tipo de iniciativa.
En el
texto que presenta el Gobierno de Cantabria se pasa de las 10.000 necesarias a
la actualidad a 5.000, mientras que Podemos ha presentado una enmienda para que
sean 4.000. Urrutia ha explicado la propuesta del PP, que pretende fijar un
0.75%, fórmula ya utilizada en otras comunidades autónomas. De esta manera no
se fija una cantidad fija de firmas, sino que dependerán del censo que haya en
Cantabria en cada momento; es decir, dejar fijo el número a la fluctuación
hacia arriba o hacia abajo del censo electoral, “de tal forma, que si nuestro
censo electoral se reduce, se reduzca el número de firmas; y si nuestro censo
aumenta, se aumenta el número de firmas”.
A día de
hoy el censo electoral de Cantabria, según el INE, es de 454.737 habitantes,
con lo que aplicando ese el 0,75 % de ese censo serían 3.411, las firmas
necesarias para impulsar una ILP. Por ejemplo en noviembre de 2015, el censo
era de 464.128 personas, con lo que en ese momento hubieran sido necesarias 3.480
firmas. “Es decir, la diferencia no es mucha pero fluctúa en función de los
electores en cada momento”.
Entre
otras cuestiones, el PP ha enmendado cuestiones como las competencias en que se
queda excluida la iniciativa, “ya que añadimos la de política territorial
porque entendemos que debe ser así, ya que hay otros cauces para modificar
nuestra estructura”. Otras de las cuestiones que se matizan desde el PP es la
necesidad de que los promotores expliquen el objeto y objetivos, las razones de
esta iniciativa para no dejar un ápice de duda para la no tramitación.
“Entendemos que es más garantista para quien pretende hacer el esfuerzo de
comenzar una Iniciativa Legislativa Popular”.
Finalmente
se plantean que sean 15 días para que la Mesa del Parlamento revise la
documentación y tome un decisión, y se pone plazo a la acreditación por parte
de la Mesa del Parlamento de las firmas “aumentando el plazo de la
comprobación, ya que entendemos que 45 días para comprobar 5.000 firmas puede
parecer poco, teniendo en cuenta que es el Parlamento quien debe hacer esa
comprobación y expedir el certificado”.
“En
definitiva, hemos querido aportar con estas 14 enmiendas ahora vivas pues
diferentes aspectos que entendíamos podían mejorar el texto que el gobierno ha
traído a este Parlamento”.
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